Hace falta una política de mano dura contra los que rapiñan bienes del Estado

Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la rapiña de combustible y otros bienes del Estado es habitual. Esa conducta delictiva es también frecuente en otras instituciones públicas. Hace falta que el Gobierno establezca una política global para combatir a los que más bien merecen estar en la cárcel.

En los distintos distritos del MOPC el festín de la corrupción continúa. El gasoil, los lubricantes e incluso repuestos - sin contar las irregularidades cometidas en las reparaciones- son parte de la maquinaria delictiva que opera hace años en esa institución. El presupuesto ministerial prevé la provisión de lo necesario para que las maquinarias de intervención en las rutas vecinales puedan cubrir una jornada laboral. Sin embargo, con frecuencia, los trabajos no pueden realizarse porque los operadores deshonestos venden su combustible. Entonces, las municipalidades y los vecinos tienen que aportar para que se pongan en condiciones las vías de circulación. Los funcionarios delincuentes vacían sus tanques a la luz del día. Sus clientes son estaciones de servicio, comerciantes y automovilistas de las zonas donde tendrían que dedicarse a trabajar y no a robar descaradamente. No solo eso: en horas de trabajo o fuera de ellas, usan los tractores para hacer tajamares, terraplenes u otros trabajos para particulares. Obviamente, el dinero que obtienen por ello va a parar a sus bolsillos, a los de sus cómplices y encubridoress Los administradores del MOPC conocen perfectamente el esquema corrupto que existe en la institución. Por complicidad pasiva o activa - cuando ellos también son parte de la rosca recaudadora- , dejan que la mafia continúe operando impunemente a lo largo y a lo ancho de la geografía del Paraguay. El operativo judicial del distrito de Itapúa Poty, en el sur del país, que sorprendió a un funcionario en pleno operativo de "ordeño", es una excepción. La mayoría continúa en su puesto cometiendo las mismas transgresiones de siempre. Lo que ocurre con los bienes del país puestos al cuidado del MOPC sucede también en otras instituciones. Vehículos que se usan para fines particulares, viáticos que se cobran sin viajar, apropiación de medicamentos, robos de insumos de oficina y otras situaciones similares son parte de un comportamiento que se volvió costumbre para muchos asalariados estatales. Es una herencia, pero también una tradición que persiste. Hasta ahora, no se ha visto que ni el ministro de Obras Públicas ni otros, como estrategia global del Gobierno, hayan adoptado estrategias para combatir el robo de los funcionarios públicos. Los episodios sueltos de represión son inútiles si no forman parte de una política para que los recursos del Estado sean utilizados en favor de los contribuyentes. Hace falta, entonces, que cuanto antes se subsane esa perjudicial omisión. La ciudadanía puede colaborar en la lucha contra este tipo de corrupción denunciando a la Fiscalía y a los medios de información. Puede ser que sabiéndose controlados por ojos no complacientes disminuya al menos la sangría de los bienes públicos tratados como si fueran propiedad de particulares. Fuente: Editorial UH digital 17/03/09

Conavi elevará a la Fiscalía acción ilegal de diputada

El titular de la entidad, Gerardo Rolón Pose, dijo ayer que la hermana del ex presidente Nicanor Duarte Frutos violó disposiciones legales para beneficiarse con viviendas que ya no le correspondían. Sostuvo que tanto este como otros casos similares que han sido detectados en una auditoría serán remitidos a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. En una anterior entrega, ÚH publicó los detalles sobre cómo Blanca Duarte logró acumular tres viviendas, a través del Conavi. De estas, solo la primera, obtenida en Coronel Oviedo, su ciudad natal, es la que se encuentra en regla. Sin embargo, en tiempos donde su hermano ya pisaba fuerte a nivel político, y luego llegó a la presidencia de la República, Blanca se hizo de nuevo con dos departamentos en el Conjunto Habitacional Campus Universitario, de la ciudad de San Lorenzo, pese a que legalmente estaba inhabilitada para el efecto. Incluso, la parlamentaria hasta se pegó el lujo de cambiar por otro uno de los departamentos que le adjudicaron, además de tener condiciones ventajosas de pago a 180 meses de plazo con un interés del diez por ciento anual. Rolón Pose sostuvo que es factible anular los contratos por los cuales se adjudicaron los departamentos a la diputada colorada, a fin de otorgarlos a personas que sí necesitan una vivienda y reúnen las condiciones para el efecto. Indicó que a través de la intervención de los proyectos y programas habitacionales en marcha se están detectando los casos irregulares. "Podemos pasar los antecedentes a la Contraloría y Fiscalía porque básicamente es un delito (el caso de la diputada). Nosotros nos basamos en una ley que cuando es violada puede ser recurrida", enfatizó. Refirió luego de recibir el dictamen de la Asesoría Jurídica que impulsará las acciones tendientes a recuperar las adjudicaciones irregulares hechas a la diputada. Subrayó que, en puridad, a la legisladora solo le corresponde tener la casa que le fue adjudicada en Coronel Oviedo en 1991. Acotó que ya recuperaron viviendas otorgadas irregularmente a periodistas en una villa de Lambaré. "Hay varios periodistas que se acercaron personalmente a entregar las casas a partir de que no cumplieron con las condiciones exigidas, como el hecho de no habitar las casas", recalcó. Fuente: UH digital 17/03/09

TSJE tiene 8.340 funcionarios, pero seguirán las contrataciones

Las cifras que hablan de la cantidad de funcionarios que tiene la Justicia Electoral es alarmante. Según un informe parcial sobre funcionarios permanentes y personal contratado, desde julio 2008 hasta agosto de mismo año, el TSJE declaró tener 8.340 empleados, de los cuales solo 1.395 son permanentes y el resto, que son unos 6.945, tienen contrato temporal con la institución. A pesar de lo expuesto, autoridades mencionaron que todo este mes de marzo seguirán con la contratación de personal, que vienen recomendados por los partidos políticos, para luego ser distribuidos en las diversas oficinas del Registro Electoral. DIFERENCIA. Haciendo un paralelismo con el censo del 2003/2004, la diferencia es enorme. En esa época el total de personal era de 2.959 personas, lo que da un aumento de alrededor de 5.381 funcionarios, hasta agosto del año pasado. El crecimiento exagerado, según funcionarios, se debe a que también subió la cantidad de inscriptos en el padrón electoral. O sea, es proporcional. Una vez cerrado el periodo para las contrataciones, estos deberán ser capacitados y preparados para los trabajos que posteriormente deben realizar. Mientras tanto, los que ya fueron designados en los registros barriales deberán esperar. Entonces, los vecinos seguirán viendo a funcionarios sentados en las veredas, o sobre las murallas, chateando y, por supuesto, tomando tereré para matar el tiempo. JUSTIFICACIÓN. El director del Registro Electoral, Jorge Acosta, indicó que es necesaria la contratación de más personas para apoyar a los funcionarios permanentes en la tarea de hacer campañas en los colegios para concienciar a jóvenes, en edad de votar. Asimismo, refirió que la "haraganería" forma parte de la cultura paraguaya, y que se está tratando de erradicar de las instituciones públicas. Pero admitió que cuesta controlar el funcionamiento de todas las oficinas, apelando a la denuncia de los jefes para conocer lo que pasa y proceder. Asegura que por algo se les dice "custodios de la voluntad popular", lo que significa que deben permanecer en sus lugares de trabajo, aunque no sea un año electoral. "No se puede pretender tener personal solo a meses de unas elecciones, existen otras funciones del TSJE, como elecciones en barrios, en colegios donde nos tenemos que ir a capacitar y controlar el proceso eleccionario", expresó Acosta. Reconoce que todavía no tienen datos exactos ni aproximados del número de personas que serán contratadas hasta fin de mes. La masa de funcionarios que en horas de la siesta sale sobre la avenida Eusebio Ayala, sede de la Justicia Electoral, es un espectáculo muy criticado. Fuente: UH Digital 17/03/09

Hallan medicamentos de IPS en la casa de Cubas

La Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud intervino ayer la farmacia del doctor Carlos Cubas, de nombre Aramí, ubicada en su casa, en Limpio. En el lugar se encontraron medicamentos de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud. Así también medicamentos controlados que no contaban con habilitación del Ministerio de Salud. El médico, quien es investigado por una supuesta expedición fraudulenta de medicamentos, alegó que todo se trata de una persecución política y sostuvo que le plantaron los remedios en su farmacia. "La mayoría de los medicamentos que tengo no son de IPS. Yo consumo Amoxicilina, Cometazol, porque tengo gastritis y Paracetamol, son míos. Los otros jarabes de IPS, que son doce frasquitos, el señor Roberto Pérez, jefe de prensa del IPS, los trajo en mi ausencia, según testigos. Es una clara y abierta persecución en mi contra", señaló el médico. Por su parte, Gustavo Caballero, asesor jurídico de Vigilancia Sanitaria, explicó que la intervención fue parte de una jornada de inspección de rutina por farmacias de Limpio, tras denuncias que habían recibido de que en la zona se estaban comercializando remedios de IPS. En el mismo local de la farmacia, Cubas cuenta con un consultorio con camilla y escritorio donde atiende de lunes a viernes de tarde. Ni la farmacia ni el consultorio están habilitados. El médico se defendió alegando que en su farmacia no se venden fármacos. "Tengo medicamentos que yo los compro y proveo a la gente gratuitamente por eso no está habilitado", señaló Cubas. Elena Rivarola, encargada del departamento de inspección de Vigilancia, indicó que encontraron, además de los medicamentos de IPS y del Ministerio de Salud, membretes y bloques de recetarios y para reposo del IPS. También uno del Materno Infantil de Limpio. "En primera instancia lo que nosotros hacemos es informamos, pasamos el acta a asesoría jurídica y luego a la parte legal", dijo. Agregó que si se comprueban las irregularidades se realizará un sumario administrativo. "El afectado puede tener una medida cautelar de clausura mientras termina el sumario", añadió Rivarola. LOS MEDICAMENTOS Los funcionarios de Vigilancia Sanitaria hallaron en la farmacia de Cubas "Xeta C, 500mg", del MSPyBS; Omeprazol, del IPS; 2 frascos de Zebro, del IPS; "Amoxicilina 250mg", IPS; Salbutamol 5mg", del IPS; "Cefixima 100 mg", de IPS y Broncodilatadores, entre otros. Algunos frascos (como los dos de la foto) tenían borradas la inscripción del IPS. Fuente: UH Digital 17/09/09