Una investigación que identifique a los responsables del uso indebido de vacunas contra la fiebre amarilla y que incluya al ministro de Salud, Oscar Martínez, fue exigida ayer por organizaciones de la sociedad civil.
La presentación fue realizada ante el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, ante quien enfatizan que la impunidad y la apatía no tienen cabida ante las publicaciones que denuncian hechos irregulares. Fuente: Abc 23 / 02 / 08El fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, conversa en su despacho con los representante de la sociedad civil.
Hace alusión a un artículo publicado el pasado 18 de febrero de 2008, bajo el título “Proselitismo colorado con la salud del pueblo”, en el que se relata el caso de la ciudad de Limpio, donde en el puesto de comando de Blanca Ovelar y José María Ibáñez se ha instalado un local de vacunación particular, con las dosis inmunizadoras de la fiebre amarilla.
“A la ya consabida pésima situación del sistema de salud pública, se suman denuncias de chantaje político al que someten referentes del partido de gobierno a sus potenciales seguidores electorales, estableciendo locales “clandestinos” de vacunación en puestos de comandos partidarios y casas particulares de dirigentes oficialistas. Estos privilegios diferenciales violan las garantías constitucionales”, refiere parte del escrito.
Agrega que la información esta presente en los medios masivos de comunicación y requiere un seguimiento por parte de las instancias correspondientes. “No hacerlo constituiría una complicidad con un proceder delictivo, que involucraría referentes del partido de gobierno”, refiere en otra parte.
“Las organizaciones de la sociedad civil exigimos al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, una investigación responsable y exhaustiva, que conduzca a la identificación y sanción de los responsables del uso indebido e indiscriminado de bienes públicos (con las vacunas contra la fiebre amarilla), que fue denunciado en los últimos días. El principal responsable de la administración de la dosis es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo que cualquier investigación y posible castigo debería incluir al titular de dicha cartera”.
Concluye señalando: “Llamamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas, que aunque satisfacen una necesidad urgente e inmediata, no hacen más que violar el derecho a una salud pública sin distinciones para toda la ciudadanía”.
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