Hace falta una política de mano dura contra los que rapiñan bienes del Estado

Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la rapiña de combustible y otros bienes del Estado es habitual. Esa conducta delictiva es también frecuente en otras instituciones públicas. Hace falta que el Gobierno establezca una política global para combatir a los que más bien merecen estar en la cárcel.

En los distintos distritos del MOPC el festín de la corrupción continúa. El gasoil, los lubricantes e incluso repuestos - sin contar las irregularidades cometidas en las reparaciones- son parte de la maquinaria delictiva que opera hace años en esa institución. El presupuesto ministerial prevé la provisión de lo necesario para que las maquinarias de intervención en las rutas vecinales puedan cubrir una jornada laboral. Sin embargo, con frecuencia, los trabajos no pueden realizarse porque los operadores deshonestos venden su combustible. Entonces, las municipalidades y los vecinos tienen que aportar para que se pongan en condiciones las vías de circulación. Los funcionarios delincuentes vacían sus tanques a la luz del día. Sus clientes son estaciones de servicio, comerciantes y automovilistas de las zonas donde tendrían que dedicarse a trabajar y no a robar descaradamente. No solo eso: en horas de trabajo o fuera de ellas, usan los tractores para hacer tajamares, terraplenes u otros trabajos para particulares. Obviamente, el dinero que obtienen por ello va a parar a sus bolsillos, a los de sus cómplices y encubridoress Los administradores del MOPC conocen perfectamente el esquema corrupto que existe en la institución. Por complicidad pasiva o activa - cuando ellos también son parte de la rosca recaudadora- , dejan que la mafia continúe operando impunemente a lo largo y a lo ancho de la geografía del Paraguay. El operativo judicial del distrito de Itapúa Poty, en el sur del país, que sorprendió a un funcionario en pleno operativo de "ordeño", es una excepción. La mayoría continúa en su puesto cometiendo las mismas transgresiones de siempre. Lo que ocurre con los bienes del país puestos al cuidado del MOPC sucede también en otras instituciones. Vehículos que se usan para fines particulares, viáticos que se cobran sin viajar, apropiación de medicamentos, robos de insumos de oficina y otras situaciones similares son parte de un comportamiento que se volvió costumbre para muchos asalariados estatales. Es una herencia, pero también una tradición que persiste. Hasta ahora, no se ha visto que ni el ministro de Obras Públicas ni otros, como estrategia global del Gobierno, hayan adoptado estrategias para combatir el robo de los funcionarios públicos. Los episodios sueltos de represión son inútiles si no forman parte de una política para que los recursos del Estado sean utilizados en favor de los contribuyentes. Hace falta, entonces, que cuanto antes se subsane esa perjudicial omisión. La ciudadanía puede colaborar en la lucha contra este tipo de corrupción denunciando a la Fiscalía y a los medios de información. Puede ser que sabiéndose controlados por ojos no complacientes disminuya al menos la sangría de los bienes públicos tratados como si fueran propiedad de particulares. Fuente: Editorial UH digital 17/03/09