viernes, 23 de noviembre de 2007
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La utilización de bienes públicos en campañas electorales es una práctica que viola todo principio democrático y tiene un alto costo social para la ciudadanía. Vehículos de centros de salud y de dependencias del Estado son usados para llevar gente a los actos políticos, los medicamentos se utilizan como prebenda para captar votos y los funcionarios dejan su trabajo para participar de las concentraciones perjudicando a la gente que tiene el derecho a acceder a un servicio Estatal eficiente
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