Corte permite que se vuelva a trabar investigación de Itaipú

A solo cuatro horas de ser ratificada en la investigación sobre el uso de fondos de Itaipú en la campaña colorada, la fiscala Rocío Vallejo volvió a ser recusada, todo ante la desidia de la Corte.

El mecanismo de impedir del Poder Judicial funciona con la precisión de un reloj. Ayer, a las 7 de la mañana, el coordinador de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, Carlos Arregui, rechazó la recusación de la fiscala Rocío Vallejo que investiga el uso de fondos de Itaipú en el financiamiento de la campaña electoral colorada.

Cuatro horas después, desde la Corte Suprema de Justicia comunicaban a la Fiscalía que la recusación fue recurrida ante la máxima instancia judicial, y que hasta que esta se expida, Vallejo quedaba nuevamente impedida de continuar con la investigación.

El mismo día en que ÚH advirtió que el ex director de Itaipú, Víctor Bernal, se reunió con los principales involucrados en el caso y que juntos decidieron operar para sacar de la pesquisa a Vallejo y al fiscal René Fernández, Óscar Tuma, el abogado contratado por uno de los investigados, recusó a la fiscala alegando odio entre las partes porque alguna vez litigó contra ella.
Ese mismo día, Jorge Vasconcellos, abogado de otro investigado, recusó a Fernández alegando amistad con el agente público porque alguna vez llevaron un caso juntos.

Fernández se inhibió y Vallejo se negó, siendo respaldada por su coordinador, Carlos Arregui.
Apenas se supo la decisión de Arregui, Tuma apeló ante la Corte y desde la máxima instancia judicial comunicaron al Ministerio Público que Vallejo quedaba nuevamente fuera del caso hasta que en la propia Corte Suprema de Justicia se dé un fallo de fondo.

Se trata a todas luces de una chicana jurídica contra la que la propia Corte Suprema de Justicia debería reaccionar sancionando a los abogados que abusan del derecho.

La experiencia, sin embargo, es más bien contraria. En casos idénticos como el de la liquidación de Multibanco, caso en el que está investigado un pariente político del ministro Óscar Miguel Bajac, integrantes de la propia Corte han congelado por meses una definición sobre una simple recusación.

En este caso en particular, si hubiera interés de la Justicia por identificar a los presuntos responsables, la Corte debe-ría reunirse de inmediato y destrabar rápidamente el proceso.
Tampoco se pronunció el fiscal general del Estado.


Fuente: UH digital